Con ocasión de
la elección presidencial, el radicalismo ha lanzado una propuesta para
transformar la provincia de Buenos aires en tres jurisdicciones. Se trata de un
territorio con grandes volúmenes de población y actividad económica, y por lo
tanto la propuesta tiene un alcance potencial importantísimo. Al contrario de
lo que se sugirió respecto a otras provincias pobres, el concepto aquí es
dividir.
Los argumentos
presentados en su página web dejan claro que la idea se dirige a morigerar la
incidencia de la jurisdicción en el sistema político nacional. Primero, se
destaca la posibilidad de acercar el gobierno a los ciudadanos. Segundo,
se afirma que limitará la irregular influencia del gobernador de Buenos
Aires en la política nacional, léase mejor que desaparece el cargo, y es
reemplazado por tres, en un razonamiento que conlleva implícito la fragmentación
de esa irregular influencia o base de poder. Tercero, se destaca que la suma de
las nuevas provincias, ahora con un total de nueve senadores en total alcanzará
mayor influencia en la Cámara (“atenuará la subrepresentación”), facilitando la
disputa institucional por los fondos nacionales .
El planteo no
yace en cuestiones territoriales ampliamente reconocidas, como la intrínseca
diferencia entre el Área Metropolitana y el resto de la provincia. A poco
de empezar cabe preguntarse porqué una inquietud política se canalizó a través
de un cambio territorial. La distribución del presupuesto nacional surge de la
concentración de atribuciones recaudatorias en la administración federal, y
potencialmente alcanza a todas las provincias, las cuales no se plantean
dividirse para aumentar su presencia en el Senado. Por otro lado, si la
Provincia de Buenos Aires no capitaliza su mayor participación relativa en la
Cámara de Diputados, es improbable que la aprovecharía de tenerla en Senadores.
Y tampoco sería de importancia, con sólo nueve sobre el total.
El primer
argumento, el de la proximidad gubernativa desaparece del planteo presentado
junto a la cuestión fiscal, al cual se dirige toda la atención. Además es de
relativa validez. Intendencia, Gobierno provincial y Gobierno Federal tiene
cada uno sus propias funciones, y si las intendencias están debilitadas cabe el
mismo razonamiento. La provincia recauda un impuesto inmobiliario, y podría
ceder su recaudación en haras de la mayor proximidad. Me excede saber si este
debería ser el camino a seguir, pero sí es importante subrayar que no
constituye una cuestión que se dirima en modificar el término territorial de
las jurisdicciones. El tema de la proximidad, además, es viejo, y para ciertas
cuestiones ha mostrado ser un falso supuesto. Los intentos de descentralización
de determinadas prestaciones médicas no vencieron el hábito arraigado en muchas
personas de dirigirse al hospital regional. Cosas similares han sucedido con la
actividad de cajeros bancarios en localidades remotas: extraigo el dinero en el
centro comercial regional, donde lo voy a gastar, y no en mi localidad.
Por último, la
idea de que el gobernador de la provincia ejerce una “irregular influencia” en
la política nacional parece al menos discutible. AL contrario, sin recursos, es
altamente dependiente de la Administración Federal. Si el gobernador de la
provincia está sujeto a esta condición, ¿qué puede esperarse para los tres,
administrando mucho menos “capital” territorial? Más bien parece deseable fortalecer
el actual gobernador, solucionando la coparticipación de la provincia que
recibe personas de todas las provincias con muchas necesidades. El AMBA, como
el Gran San Pablo en Brasil, es una cuestión federal, pero subyace el problema
que, nuevamente, comprueba la debilidad política de la gobernación bonaerense.
El AMBA es una cuestión federal desde el punto de vista territorial, no lo es
desde el punto de vista fiscal, y vuelve a serlo desde el punto de vista del
que ocupa la presidencia y tiene allí un mecanismo de control de la política
nacional. Los intendentes no van y vienen a y de la calle 6, sino a y de
la calle Balcarce.
La propuesta
aborda problemas importantes, y expresarlas en términos territoriales quizás no
constituye la mejor herramienta didáctica. Delimitar gráficamente zonas en un
mapa puede reemplazar el razonamiento de los problemas territoriales. Partir el
AMBA en dos y además sujetar, por ejemplo, la Pampa ondulada a una de esas
mitades no parece, en ningún aspecto potencial, una mejora para el habitante de
José C. Paz, mientras profundiza el encadenamiento del votante de Pergamino al
mayor problema político de la Argentina, el control territorial de las
elecciones en el patio trasero de los municipios metropolitanos. Ahí también está
el tema de la proximidad, que ofrece más de una arista. Con dos provincias
más, además, se multiplicaría la burocracia estatal.
La cartografía
funciona porque la sociedad cada vez más se habitúa a consumir información
visual, y puede ser eficaz en fijar conceptos si los grafismos sobre el mapa
corren paralelos a la comprensión de los problemas. Pero si la cartografía se
entiende sólo como un recurso gráfico para capturar la atención en un mundo en
el que ni siquiera se leen bien los e-mails, se corre el riesgo de generar
antecedentes muy poderosos y con capacidad de difundirse en la pantalla de un
teléfono.
Los problemas
abordados por la propuesta del radicalismo son relevantes pero no requieren ser
razonados desde el punto de vista territorial. El concepto de particionar una
jurisdicción no parece agregar argumentos o claridad, y la posibilidad de ser
representado con una imagen, el mapa, abre flancos delicados que sólo en forma
posterior a una larga consideración deben eventualmente traducirse en
propuestas de cambios jurisdiccionales o espaciales.
Por Marcelo Lascano.
