martes, 4 de agosto de 2015

Sobre el proyecto de rejurisdiccionalización de la Provincia de Buenos Aires



Con ocasión de la elección presidencial, el radicalismo ha lanzado una propuesta para transformar la provincia de Buenos aires en tres jurisdicciones. Se trata de un territorio con grandes volúmenes de población y actividad económica, y por lo tanto la propuesta tiene un alcance potencial importantísimo. Al contrario de lo que se sugirió respecto a otras provincias pobres, el concepto aquí es dividir.


Los argumentos presentados en su página web dejan claro que la idea se dirige a morigerar la incidencia de la jurisdicción en el sistema político nacional. Primero, se destaca la posibilidad de acercar el gobierno a los ciudadanos. Segundo,  se afirma que limitará la irregular influencia del gobernador de Buenos Aires en la política nacional, léase mejor que desaparece el cargo, y es reemplazado por tres, en un razonamiento que conlleva implícito la fragmentación de esa irregular influencia o base de poder. Tercero, se destaca que la suma de las nuevas provincias, ahora con un total de nueve senadores en total alcanzará mayor influencia en la Cámara (“atenuará la subrepresentación”), facilitando la disputa institucional por los fondos nacionales . 


El planteo no yace en cuestiones territoriales ampliamente reconocidas, como la intrínseca diferencia entre el Área Metropolitana y el resto de la provincia. A  poco de empezar cabe preguntarse porqué una inquietud política se canalizó a través de un cambio territorial. La distribución del presupuesto nacional surge de la concentración de atribuciones recaudatorias en la administración federal, y potencialmente alcanza a todas las provincias, las cuales no se plantean dividirse para aumentar su presencia en el Senado. Por otro lado, si la Provincia de Buenos Aires no capitaliza su mayor participación relativa en la Cámara de Diputados, es improbable que la aprovecharía de tenerla en Senadores. Y tampoco sería de importancia, con sólo nueve sobre el total.

El primer argumento, el de la proximidad gubernativa desaparece del planteo presentado junto a la cuestión fiscal, al cual se dirige toda la atención. Además es de relativa validez. Intendencia, Gobierno provincial y Gobierno Federal tiene cada uno sus propias funciones, y si las intendencias están debilitadas cabe el mismo razonamiento. La provincia recauda un impuesto inmobiliario, y podría ceder su recaudación en haras de la mayor proximidad. Me excede saber si este debería ser el camino a seguir, pero sí es importante subrayar que no constituye una cuestión que se dirima en modificar el término territorial de las jurisdicciones. El tema de la proximidad, además, es viejo, y para ciertas cuestiones ha mostrado ser un falso supuesto. Los intentos de descentralización de determinadas prestaciones médicas no vencieron el hábito arraigado en muchas personas de dirigirse al hospital regional. Cosas similares han sucedido con la actividad de cajeros bancarios en localidades remotas: extraigo el dinero en el centro comercial regional, donde lo voy a gastar, y no en mi localidad.


Por último, la idea de que el gobernador de la provincia ejerce una “irregular influencia” en la política nacional parece al menos discutible. AL contrario, sin recursos, es altamente dependiente de la Administración Federal. Si el gobernador de la provincia está sujeto a esta condición, ¿qué puede esperarse para los tres, administrando mucho menos “capital” territorial? Más bien parece deseable fortalecer el actual gobernador, solucionando la coparticipación de la provincia que recibe personas de todas las provincias con muchas necesidades. El AMBA, como el Gran San Pablo en Brasil, es una cuestión federal, pero subyace el problema que, nuevamente, comprueba la debilidad política de la gobernación bonaerense. El AMBA es una cuestión federal desde el punto de vista territorial, no lo es desde el punto de vista fiscal, y vuelve a serlo desde el punto de vista del que ocupa la presidencia y tiene allí un mecanismo de control de la política nacional.  Los intendentes no van y vienen a y de la calle 6, sino a y de la calle Balcarce.


La propuesta aborda problemas importantes, y expresarlas en términos territoriales quizás no constituye la mejor herramienta didáctica. Delimitar gráficamente zonas en un mapa puede reemplazar el razonamiento de los problemas territoriales. Partir el AMBA en dos y además sujetar, por ejemplo, la Pampa ondulada a una de esas mitades no parece, en ningún aspecto potencial, una mejora para el habitante de José C. Paz, mientras profundiza el encadenamiento del votante de Pergamino al mayor problema político de la Argentina, el control territorial de las elecciones en el patio trasero de los municipios metropolitanos. Ahí también está el tema de la proximidad, que ofrece más de una arista. Con dos provincias más, además, se multiplicaría la burocracia estatal.


La cartografía funciona porque la sociedad cada vez más se habitúa a consumir información visual, y puede ser eficaz en fijar conceptos si los grafismos sobre el mapa corren paralelos a la comprensión de los problemas. Pero si la cartografía se entiende sólo como un recurso gráfico para capturar la atención en un mundo en el que ni siquiera se leen bien los e-mails, se corre el riesgo de generar antecedentes muy poderosos y con capacidad de difundirse en la pantalla de un teléfono.


Los problemas abordados por la propuesta del radicalismo son relevantes pero no requieren ser razonados desde el punto de vista territorial. El concepto de particionar una jurisdicción no parece agregar argumentos o claridad, y la posibilidad de ser representado con una imagen, el mapa, abre flancos delicados que sólo en forma posterior a una larga consideración deben eventualmente traducirse en propuestas de cambios jurisdiccionales o espaciales.

Por Marcelo Lascano.